Tras la emisión de una orden de arresto el 31 de diciembre, los representantes legales del presidente Yoon Suk-yeol emitieron una declaración en la que afirmaban que las órdenes tenían fallas fundamentales. Declararon: “La orden de arresto y la orden de registro e incautación emitidas por un organismo de investigación que carece de la autoridad adecuada violan la ley, lo que las hace ilegales e inválidas”.
El equipo legal enfatizó además que “pedir la orden de arresto al Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, en lugar del Tribunal del Distrito Central de Seúl, que está a cargo de supervisar el juicio principal, contradice los principios y precedentes legales establecidos. Esta situación es profundamente lamentable. Además, es desconcertante que se haya emitido una orden de arresto a pesar de que el presidente proporcionó razones válidas para no comparecer, especialmente considerando la controvertida autoridad investigadora involucrada”.
Anteriormente, el director de investigación había presentado la solicitud de orden de arresto ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl poco después de la medianoche, después de que el presidente Yoon no respondiera a tres citaciones anteriores. La orden fue emitida posteriormente esa mañana por el juez Lee Soon-hyung, responsable de supervisar dichas solicitudes en ese tribunal.
En un contexto relacionado, el 3 de diciembre, el presidente Yoon había anunciado el estado de ley marcial durante una transmisión en vivo. Sin embargo, esta declaración fue revocada alrededor de las 4:30 a.m. del 4 de diciembre, luego de la votación decisiva de la Asamblea Nacional para levantar la ley marcial.
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